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Inicio /derecho medico

El problema de agresión (física y/o verbal) en contra de personal de salud, especialmente médicos, ha sido tema de amplia discusión durante los últimos años. El problema se ha presentado no solamente en nuestro país, pero también a nivel internacional. He tenido la oportunidad de escuchar disertaciones y asistir a coloquios y seminarios en los cuales el tema se ha tratado. Sin desestimar el derecho del personal de salud a un ambiente seguro y libre de agresiones, he podido concluir que en muchas oportunidades ha sido el propio médico o trabajador de salud quien ha dado motivo a tales (siempre injustas y condenables) agresiones y he logrado concluir que uno de los factores que fundamentalmente ha incidido y no siempre tomado en cuenta en estos estudios ha sido la falta (o carencia) de información que el paciente o sus familiares reciben por parte de los médicos tratantes.


Para el Congreso Mundial de Derecho Médico en Beijing-2008 y en mi calidad de Secretario General de la World Association for Medical Law así como Vice-Presidente del Comité científico de dicho Congreso, tuve la oportunidad de revisar más de 800 trabajos para su aprobación y presentación en el Congreso. Muchos fueron los profesionales que presentaron trabajos acerca de la atención médica y las políticas de salud pública considerados desde diferentes puntos de vista.


He mantenido y enseñado siempre que la mera autorización para una intervención quirúrgica o procedimiento diagnóstico y/o terapéutico no puede jamás suplantar ni ser entendido como el consentimiento, legítimamente manifestado, de un paciente quien aceptaría tal propuesta. Siempre, incluso, me he referido a las "autorizaciones" que, en el reverso de la página frontal de la Historia de Admisión, obligan firmar al paciente, incluso (de forma alternativa) a los familiares en sustitución del primero y sin su información ni consentimiento, y mediante la cual intentan el absurdo de "liberar" de "toda" responsabilidad, civil y/o penal, a los médicos y/o a la institución por "cualquier" daño que el paciente pueda sufrir.


Con motivo a la presentación del Proyecto de Reforma del Código Penal adelantado por el Magistrado Dr. Alejandro Angulo Fontiveros, desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y recientemente aprobado por la Sala Plena de esta magno Tribunal, se nos hace necesario analizar la tipificación de delitos que de forma codificada se presenta en dicho proyecto.

Previo a la mención de estos delitos debemos señalar que todos ellos están regidos por un común denominador: la intencionalidad, el dolo, dejando la discusión de los delitos de culpa (homicidio y lesiones culposas) para otra oportunidad.


Durante el proceso de evaluación de los documentos presentados al último Congreso Mundial de Derecho Médico celebrado en Beijing (China) en octubre de 2008, como Secretario General de la World Association for Medical Law, así como también en mi calidad de Vice-Presidente del Comité Científico de dicho Congreso, me correspondió revisar más de 800 trabajos para su aceptación. Existió una duda acerca de si aceptar o rechazar algunos de ellos porque, a pesar de que había una excelente contenido clínico o científico, no estaban, en mi opinión, relacionados con el Derecho Médico. La cuestión surgió entre los miembros del Comité Científico, y más aún, algunos fueron categóricos al expresar que no había un concepto de Derecho Médico que sirviese de base como para rechazar cualquiera de los trabajos presentados.



La relación médico-paciente debe estar fundamentada en principios reguladores que se traduzcan el respeto mutuo de los derechos de ambos sujetos de esa relación jurídica. Tanto el paciente como el médico tiene derechos y deberes que nacen de esa estrecha relación. Algunos países han buscado fórmulas declarativas de estos derechos, los cuales, en principio, se pueden resumir así:


El análisis completo y detallado sobre este controvertido y siempre importante tema lo dejo a la consideración del lector en capítulo especial que, sobre este particular, siempre he realizado en mis obras escritas. Sin embargo, hoy me interesa resaltar algunos aspectos de mayor relevancia sobre el tema y esta nueva decisión judicial de un tribunal español que, habiendo condenado a la administración sanitaria por dicho olvido durante una intervención quirúrgica, no condenó a pago de indemnización por no haberse probado la relación causal. El fallo de la Audiencia Nacional únicamente condena por la pérdida del material quirúrgico y por los daños ocasionados al paciente por la intervención quirúrgica que fue necesaria para la extracción de la compresa olvidada en una intervención quirúrgica anterior, pero no condenó a indemnizar por los perjuicios que según el enfermo había sufrido durante los treinta años anteriores al no haberse probado la relación entre los daños y el olvido de la gasa.


En la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia se tipifican tres nuevos delitos que importa mucho conocer en nuestra área de trabajo.

El primero de ellos, la Violencia Obstétrica, la cual se tipifica en la mencionada ley en su artículo 51. Se define al sujeto activo del delito de forma genérica "al personal de salud" aunque generalmente sea el médico el de mayor probabilidad de incurrir en este tipo de delito. El sujeto pasivo del delito será siempre la mujer embarazada, específicamente la parturienta. El verbo rector y las modalidades de este delito son varias: no atender oportunamente las emergencias obstétricas; obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas habiendo la posibilidad para la realización del parto vertical; obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo(a) inmediatamente al nacer; alterar el proceso natural del paro de bajo riesgo, mediante el usos de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. La sanción oscila entre multa de 250 U.T. a 500 U.T., debiéndose remitir copia de la sentencia al Colegio Profesional Correspondiente a los fines del proceso disciplinario.